Tras 18 años sin justicia y más de un mes de espera por la feria Judicial, este miércoles se conoció la decisión del Tribunal de Cipolletti integrado por Florencia Carusso, Amorina Sánchez y Juan Pedro Puntel por el secuestro, violación y muerte de la adolescente Otoño Uriarte, una causa que no se investigó como femicidio ya que la figura aún no existía en el Código Penal.
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Luego de repasar la existencia de los hechos y el recorrido hecho por la adolescente esa noche de su desaparición el 23 de octubre de 2006 en Fernández oro, la jueza Carusso informó que son responsables como coautores. Definió la responsabilidad penal de los cuatro imputados por haber participado de alguna forma en el hecho en grado de coautoría.
"Tengo por probado que (Maximiliano) Lagos, (José Hiram) Jafri, Cau y (Germán) Antilaf acordaron previamente retener a Otoño, hubo un seguimiento de sus movimientos ese día, si bien los que quedan más expuestos son Lagos y Cau todos estuvieron de acuerdo, todos tomaron parte en la planificación del hecho, (y) se dividieron las funciones".
Se los condenará por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por participar más de tres personas, por ser la víctima menor de edad y por ocasionarle la muerte, en grado de coautores.
"Para la existencia de la coautoría no es necesario que cada imputado haya realizado todos los actos que constituyen el delito, sí que hayan contribuido de alguna manera y que todos estén de acuerdo", explicó la jueza.
El Tribunal se planteó la participación de los imputados en un principio. "No puedo dejar de decir que han pasado 18 años desde que los imputados están sometidos a proceso", expresó Florencia Carusso.
También destacó que sólo se refiere a la evidencia presentada en las audiencias y que el transcurso del tiempo fue determinante, ya que algunos testigos no se acordaban de situaciones de aquel momento.
La sesión se demoró porque la jueza pidió que le soliciten a las personas que se habían concentrado afuera de Tribunales que disminuyan el ruido, ya que sino no podría continuar con la lectura.
La fiscalía y la querella coincidieron en impulsar la acción contra cuatro de los sospechosos:
- Ángel Germán Antilaf (está cumpliendo una pena por robo agravado en el Penal de General Roca);
- los hermanos José Hiram Jafri y Ricardo Néstor Cau;
- Maximiliano Manuel Lagos.
Los cuatro vivían en la zona donde solía frecuentar la adolescente. Victoria Cau era amiga de Otoño y compartió con ella varios momentos de aquella adolescencia. Durante el juicio, las compañeras del colegio dijeron que la adolescente “estaba cansada” de los “los hermanos de la Vicki” (José Jafri y Néstor Cau), que la molestaban diciéndole groserías. Lagos tenía una relación más cercana: era amigo de Otoño.
Incluso, el 23 de octubre de 2006 se cruzaron en el centro de Fernández Oro. Lagos iba con su pareja de entonces y un bebé de pocos meses. Charlaron un rato y la chica adelantó que pensaba hacerle “un regalito”. Una promesa que no pudo cumplir.
Esa la noche, cerca de las 23.30, cuando regresaba a su casa caminando por la calle Kennedy, cerca del aserradero denominado como de Rebagliatti fue interceptada y subida a un vehículo por la fuerza. Nunca más se la volvió a ver con vida.
El padre de la víctima, Roberto Uriarte, en una de las instancias del juicio. Foto: archivo.
Según la teoría de la fiscalía, la menor estuvo secuestrada en una vivienda de la zona, muy probablemente en la casa de la familia Cau. Un testigo sostuvo que Lagos reveló que un jefe mafioso de Allen, Luis Miguel Ayala – más conocido como “Cacha Pelada” -, les había pagado para secuestrarla y entregarla. Pero que luego, cuando la investigación parecía acercarse demasiado, les pidió que la “desaparecieran”.
Las pericias forenses y la autopsia permitieron afirmar que Otoño fue asesinada pocos días después del secuestro; enterrada en un lugar que no se pudo precisar, y luego arrojada al canal de riego, con la idea de que la usina terminara de destruir el cuerpo. Pero no ocurrió de esa forma: el 26 de abril de 2007 el cuerpo fue encontrado por un joven que había ido a pescar a ese sector.
Desde un principio la investigación estuvo teñida de irregularidades: la policía de Fernández Oro, conducida por el comisario Ives Vallejos, quedó fuertemente cuestionada; y la jueza de instrucción María del Carmen García García fue destituida por un jurado de enjuiciamiento.
Cuando la causa parecía estar definitivamente caída, la abogada querellante presentó nuevos testimonios con los que intentó redefinir la investigación y presentó el pedido de elevación a juicio el 8 de agosto del año pasado, un día antes de que se vencieran los plazos para continuar la acción penal.
Las defensas insistieron en todo momento con la inocencia de los imputados: si bien trabajaban en forma individual, los cuatro coincidieron en que las evidencias presentadas durante el juicio no alcanzaron para sostener la acusación. Y cuestionaron duramente la intervención policial y judicial que se realizó en la primera etapa de la causa.
FUENTE: NoticiasNet
