El reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal generó una ola de opiniones divididas en todo el país, al declarar inconstitucionales dos artículos de la Ley 24.660, y del Código Penal, que impedían la libertad condicional para determinados delitos relacionados con el narcotráfico.
Esta medida, vista por algunos como un avance necesario para cumplir con principios constitucionales de igualdad ante la ley, ha sido percibida por otros sectores, incluyendo al Gobierno Nacional, como un preocupante retroceso. En los argumentos expuestos por la mayoría de los magistrados de la Cáma Federal de Casación Penal, que emitió el fallo, se estipuló que las restricciones previas generaban un trato desigual para los presos por narcotráfico, en comparación con aquellos detenidos por otros delitos igualmente graves.
Según las últimas estadísticas oficiales, en todo el país, a fines de 2023, había 14.584 personas detenidas por venta de drogas. Se trata de llos detenidos que podrían pedir que se les aplique el fallo de la Cámara de Casación, que declaró inconstitucionales las normas que le impiden a ese tipo de presos no poder acceder a la libertad condicional. Pero esa resolución no significa que todo ese universo obtenga el beneficio.
Con este histórico fallo judicial, el debate se centra ahora en la importancia de proteger tanto los derechos humanos de los detenidos como al mismo tiempo, salvaguardar el orden social. Existen quienes consideran esta medida como un paso positivo hacia la resocialización y la reintegración de los individuos en la sociedad.
FUENTE: NoticiasNet
