La decisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de rechazar el pedido de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou para recuperar sus jubilaciones de privilegio, ha generado una amplia discusión en Argentina. Esta resolución implica que la exmandataria no recibirá los 32 millones de pesos mensuales que venía reclamando como parte de su remuneración estatal vitalicia.
El rechazo de la ANSES fue comunicado tras el recurso de reconsideración presentado por Cristina Kirchner donde se alegaba que la anulación de su pensión vitalicia se fundamenta en una sentencia definitiva por corrupción en el ámbito público. La condena que generó esta situación fue ratificada en la conocida causa Vialidad, señalando a Kirchner como autora de un delito contra la administración pública. Aunque esta medida no deja mucho espacio de maniobra, la expresidenta aún puede presentar apelaciones ante la Justicia Federal de la Seguridad Social en busca de revertir la decisión.
Kirchner expresó su desacuerdo a través de medios digitales, argumentando que las pensiones para exmandatarios no dependen de un buen desempeño durante su mandato. Según Cristiana, solo el Congreso tiene la autoridad de evaluar la gestión presidencial a través del juicio político, y no debería verse afectada por sentencias judiciales posteriores. Sin embargo, su representante legal, Facundo Fernández Pastor, ha destacado que la decisión de ANSES trasgrede los derechos constitucionales. En noviembre pasado, la jubilación de privilegio de Fernández de Kirchner fue oficialmente revocada por el gobierno y publicada en el Boletín Oficial, consolidando esta resolución.
Por otro lado, el caso de Amado Boudou presentó matices similares. Su beneficio de jubilación también fue retirado días después del de Kirchner, lo cual fue debidamente formalizado en el Boletín Oficial. Boudou, al igual que Fernández de Kirchner, realizó un intento administrativo para revertir esta situación, sin éxito. La administración no sólo mantuvo su negativa, sino que además exigió a Boudou devolver una suma de 280 millones de pesos percibidos indebidamente. Tales acciones son vistas como medidas necesarias frente a lo que el Ministerio de Capital Humano define como "indignidad política", con los funcionarios considerando inadmisible que quienes son hallados culpables de delitos contra la administración pública, continúen recibiendo recompensas de honor y mérito, características implícitas en tales asignaciones excepcionales.
Esta determinación ha reavivado el debate sobre las jubilaciones de privilegio en Argentina. Según las declaraciones oficiales, este tipo de asignaciones tiene como base el reconocimiento al honor y buen desempeño de aquellos que ocuparon las más altas posiciones políticas, eximiéndolas de requisitos tradicionales como edad o tiempo de desempeño con aportes. En casos como el de Boudou, el cumplimiento del requisito de "honorabilidad" queda en entredicho debido a una condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por manejos indebidos durante su rol gubernamental. La ANSES subrayó que, al no cumplir el exvicepresidente con el único requisito exigido -"Honorabilidad, mérito y buen desempeño"- su derecho a la percepción de una pensión vitalicia especial queda jurídicamente inv
FUENTE: NoticiasNet
