El Gobierno nacional sostuvo este jueves que «no corresponde» hablar o pedirle explicaciones al flamante juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Manuel García Mansilla, por haber votado en contra del pedido de licencia del aspirante a sumarse al máximo tribunal, el juez federal Ariel Lijo.
«No corresponde», enfatizó uno de los principales colaboradores del presidente Javier Milei en diálogo con un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada, que lo consultó acerca de si contactarán a García Mansilla luego de su sorpresivo voto contrario a los intereses de la gestión libertaria.
«Ni nos sorprende, ni nos deja de sorprender. Manuel es un juez probo que vota siempre conforme a derecho», sostuvo la misma fuente, buscando minimizar el desconcierto que generó el particular accionar de García Mansilla. En algunos sectores interpretaron que el voto del nuevo miembro de la Corte fue para deliberadamente desmarcarse de la noción de que será el hombre del Gobierno dentro del máximo tribunal.
El abogado conservador Gracía Mansilla fue designado por decreto presidencial y en comisión en el máximo tribunal de Justicia, un mecanismo que la Constitución prevé pero para otro tipo de nombramientos, como embajadores o altos jefes militares, y cuando el Congreso está en receso.
Mientras tanto, en el círculo de Karina Milei buscaron disimular el desconcierto y deslizaron que la votación de García Mansilla fue una “demostración de que la independencia de la Justicia que pregona el Gobierno es real”. “Esto confirma que no buscábamos una mayoría automática”, dijo un asesor de la secretaria General de la Presidencia.
Por otra parte, el pliego de Lijo estuvo a punto de ser tratado en el Senado, tras obtener dictamen, el 20 de febrero pasado en el marco de las sesiones extraordinarias de la Cámara alta, pero el bloque de La Libertad Avanza (LLA) no logró alcanzar un acuerdo con el kirchnerismo, que tiene mayoría en el Senado. Tras esa intención fallida, el oficialismo buscará volver a intentar que el pliego del juez federal llegue al recinto para que reciba el tratamiento que marca la Constitución para la designación de ministros de la Corte Suprema.
Fuente: Conclusión
