El Fiscal General Fabricio Brogna López emitió hoy la Resolución N° 15 por la cual se nombra a cuatro representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) con el propósito de investigar la emisión de certificados médicos denunciados como apócrifos en favor de empleados públicos rionegrinos, luego de una presentación realizada el año pasado por el gobernador Alberto Weretilneck. El caso involucra a una pediatra y a un psiquiatra.
La medida adoptada por el funcionario judicial designó a profesionales de la Primera Circunscripción Judicial y se trata de Juan Pedro Peralta (Fiscal Jefe), Mariana Giammona (Titular Fiscalía N° 8), Francisco Marano (Adjunto Fiscalía N° 8) y Candelaria Molineux (Adjunta Fiscalía N° 7).
Los fundamentos de la decisión están vinculados “en atención a la complejidad y voluminosidad de los hechos investigados” por lo que “se estima conveniente la conformación de un equipo de fiscales avocado al mencionado trámite” y “tal equipo actuará bajo la dirección y coordinación de un Fiscal Jefe”.
Argumentó que “de ese modo se procurará una labor más eficiente del Ministerio Público Fiscal, en un legajo en donde se investigan hechos de trascendencia social y cometidos en perjuicio de la Administración Pública”, a la vez que estableció una “asignación funcional” y “tiene por finalidad el desarrollo de una tarea mancomunada en procura de alcanzar los fines del proceso penal y sin que ello importe, bajo ningún punto de vista, un desplazamiento de la responsabilidad de los respectivos funcionarios intervinientes”.
El 23 de mayo, Weretilneck, junto al fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, formalizó la denuncia el 23 de mayo, que luego fue ampliada el 31 de mayo. En ella, se solicitó la investigación de una médica de Roca y un psiquiatra de Villa Regina, quienes presuntamente emitieron numerosos certificados médicos falsos que permitieron a un empleado estatal obtener licencias injustificadas.
La investigación, liderada en su momento por Peralta, busca esclarecer un posible caso de defraudación en perjuicio de la administración pública. Según el documento judicial, se sospecha que los certificados médicos fraudulentos contenían diagnósticos falsos de enfermedades o impedimentos laborales inexistentes.
Como parte de las primeras medidas durante 2024 efectivos de la policía de Río Negro llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los involucrados, donde se incautaron computadoras y teléfonos celulares. El propósito fue que sean sometidos a estudios forenses para extraer información relevante para el caso.
En su momento, trascendió que uno de los médicos investigados tenía en su estado de WhatsApp un aviso informando sobre el costo de emitir certificados falsos. Esto refuerza las sospechas de la existencia de una red dedicada a la emisión de certificados fraudulentos, con lo cual el gobernador ha expresado que esta denuncia es un paso importante en la lucha contra las licencias médicas falsas en diversos organismos del Estado.
Durante las tareas judiciales iniciales trascendió además que esos profesionales habrían extendido 472 certificados entre diciembre del año pasado y mayo de 204 año para justificar ausencias del personal de Salud, Policía y Educación por 6.602 días, con un costo de 400 millones pesos para el Estado.
Los involucrados en esta primera denuncia son Norberto Altamirano, un conocido psiquiatra de Regina y la médica terapista pediátrica, Claudia Elisandro, incorporada hace unos cinco años al staff del hospital Francisco López Lima de Roca.
Fuentes judiciales indicaron hoy a NoticiasNet que entre los primeros trámites figuran la solicitud de información a organismos públicos con la intención de corroborar la situación, reconociéndose además que se trata de un “proceso lento” y un verdadero “trabajo de hormiga” que justifica la creación del equipo. También se hizo mención a que se debe definir si en principio son dos o tres los involucrados.
FUENTE: NoticiasNet
