La posibilidad de juzgar a una persona sin su presencia en el tribunal es una reforma que está generando debate en Argentina. La ley sobre "Juicio en Ausencia del Imputado" busca modificar los Códigos Procesal Penal de la Nación y Federal para habilitar la continuidad de los juicios aun cuando el acusado no esté presente.
Esta iniciativa, fue aprovada , se enmarca en el 40º aniversario del atentado a la AMIA y pretende evitar la impunidad en casos de crímenes graves como genocidio, terrorismo o lesa humanidad.
Sin embargo, el abogado Santiago Güenumil advierte que la Ley plantea serios conflictos con las garantías constitucionales. "Es una reforma polémica, sobre todo porque busca realizar juicios sin la presencia del imputado. En términos de garantías constitucionales, esto choca con el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo y el principio de que nadie puede ser penado sin ley previa", señala el especialista.
El proyecto establece que, si un imputado ha sido debidamente notificado y declarado rebelde, el juicio podrá continuar sin él. Para ello, se designaría un defensor de oficio o, en su defecto, su familia podría elegir a un abogado. "Es decir, una persona podría ser condenada sin estar presente, y solo cuando se la localice comenzaría a cumplir su pena", explica Güenumil.
Uno de los puntos más controversiales es que la propuesta se basa en el Estatuto de Roma, el mismo marco normativo que rige los juicios en la Corte Penal Internacional de La Haya. No obstante, Güenumil destaca una contradicción clave: "El Estatuto de Roma prohíbe expresamente el juicio en ausencia del imputado. Entonces, estamos utilizando como base un marco legal que en realidad no permite lo que se busca implementar".
Si bien el Gobierno defiende la iniciativa como un mecanismo para garantizar justicia en casos en los que el acusado se da a la fuga o evade su proceso judicial, los críticos temen que la norma abra la puerta a abusos y violaciones de derechos fundamentales. "Cuando se mezclan cuestiones políticas y jurídicas, los resultados pueden ser problemáticos", advierte Güenumil.
Mientras el debate sigue abierto, la sociedad y el ámbito jurídico se dividen entre la necesidad de evitar la impunidad y el riesgo de comprometer principios esenciales de la justicia. El Senado tendrá la última palabra, y con ella, el futuro de una medida que podría cambiar radicalmente el sistema judicial argentino.
FUENTE: NoticiasNet
