En un giro inesperado de los acontecimientos que rodean la transformación del Banco de la Nación Argentina, una medida precautelar emanada del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, ha generado gran revuelo en los círculos políticos y económicos, al suspender el decreto impulsado por el presidente de la Nación, Javier Milei, que buscaba convertir al Banco de la Nación en una Sociedad Anónima (SA).
El decreto, identificado como el 116/25, había sido un punto álgido de la política reciente, ocasionando debates encendidos sobre el futuro del sistema bancario argentino. La causa originaria de esta suspensión judicial fue iniciada el año pasado, preocupada por la potencial privatización de la entidad bancaria más emblemática del país. La suspensión interina, según declaraciones judiciales, busca ofrecer una pausa reflexiva necesaria para validar la legitimidad del decreto desde un punto de legal consultabilidad.
Uno de los argumentos clave que sustentan esta medida cautelar se centra en el papel del Banco de la Nación como una entidad autárquica, tal cual fue concebida legislativamente por el Congreso Nacional. El juez Ramos Padilla remarcó claramente que sólo el poder legislativo tiene la capacidad de modificar tal estatuto. Cualquier intento por parte del poder ejecutivo de cambiar la naturaleza jurídica de la entidad debe pasar ineludiblemente por la aprobación del Poder Legislativo argentino.
Ramos Padilla también señaló que el derecto que transformó al banco en una SA “fue dictado en exceso” porque el Congreso Nacional cuando aprobó la ley Bases quitó a la entidad de las empresas a privatizar. “Si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización”, dijo el juez.
El gobierno de Milei publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial el dercreto por el que transformó al banco Nación en una SA. La transformación de la persona jurídica no implica que la entidad deje de ser pública sino que quita ciertas restricciones que tenía al ser una Sociedad del Estado y otorga una mayor apertura para su capitalización.
El gobierno nacional ahora enfrenta la tarea de justificar la constitucionalidad de tal cambio estructural en un período de cinco días, un plazo físico trazado por el magistrado para ofrecer argumentos contra la denuncia interpuesta.
FUENTE: NoticiasNet
