El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas sean sometidas a juicio oral y público por presuntas extorsiones a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado.
Pollicita presentó un dictamen de 279 páginas ante el juez federal Sebastián Casanello, argumentando que la investigación reveló una “compleja matriz delictiva” mediante la cual el Polo Obrero habría ejercido un control indebido sobre miles de personas en situación de vulnerabilidad para obtener dinero de los planes sociales.
En el documento, el fiscal calificó a Belliboni como el "jefe" de la organización y aseguró que los imputados “corrompieron las facultades que les habían sido asignadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social para manejar los fondos del Plan Potenciar Trabajo en su propio beneficio”.
Extorsión y manejo irregular de los planes sociales
La investigación determinó que, hasta febrero de 2024, el Polo Obrero tenía el control de 65.000 planes sociales y les retenía parte del dinero a sus beneficiarios. Según el dictamen de Pollicita, en solo seis meses, la organización habría recaudado más de 313 millones de pesos mediante este mecanismo.
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El fiscal sostuvo que los acusados implementaron “un esquema de extorsiones y amenazas coactivas” para garantizar su influencia sobre los beneficiarios de los planes sociales, obligándolos a entregar parte del dinero recibido del Estado.
Fraude con facturas apócrifas
Además de la extorsión, los acusados fueron imputados por defraudación al Estado. Según la fiscalía, el Polo Obrero recibió fondos del ex Ministerio de Desarrollo Social para proyectos de formación laboral, pero estos habrían sido desviados mediante la utilización de más de un centenar de facturas falsas, simulando gastos en la implementación de programas sociales.
Origen de la investigación
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La causa se inició en diciembre de 2023, al comienzo del gobierno de Javier Milei, cuando el Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica para recibir denuncias anónimas sobre coerción en organizaciones sociales. La medida apuntaba a evitar que beneficiarios de planes sociales fueran obligados a participar en la marcha del 20 de diciembre, que conmemora los disturbios del 2001.
Las denuncias recibidas dieron lugar a la investigación en Comodoro Py, donde se tomaron declaraciones a testigos protegidos que confirmaron las presuntas extorsiones.
Próximos pasos en la causa
- El juez Sebastián Casanello deberá decidir si eleva la causa a juicio oral.
- En caso de avanzar, Belliboni y los otros 17 imputados enfrentarán cargos por extorsión y defraudación al Estado.
- La fiscalía argumenta que existen pruebas contundentes sobre el manejo irregular de los planes sociales.
Fuente: Derecha Diario
