Varios capítulos de una historia de desencuentros se están escribiendo en la Justicia de Viedma en el marco de una causa de un incendio de cabañas de madera registrado el 21 de septiembre del año pasado en la villa de La Lobería, ubicada a unos 54 kilómetros de Viedma. Por este caso hay un litigio por «daño agravado» en el avance de una investigación por tratarse de un hecho intencional.
Mucho antes de que se avance hacia nuevas medidas sancionatorias para quien ya se encuentra imputado, un prestador de servicios rurales, las pocas personas que acudieron a la audiencia -presidida por la jueza de Garantías, Georgina Amaro-, se vieron sorprendidas por una inusual denuncia planteada por el abogado defensor, Manuel Mazza.
Es que en una audiencia anterior, la magistrada y por pedido de la querella a cargo de Santiago Güenomil con acuerdo de la defensa, se impuso a la prensa la restricción de no hacer mención a las identidades de la víctima y el supuesto victimario.
Si bien la prensa tomó nota y acató el acuerdo en base a lo dispuesto por la justicia, Mazza denunció que el día 13 de febrero, tras el encuentro, la víctima usó su red social personal destacando la imputación contra el «pedazo de mierda que me incendió las cabañas» y señalando otros improperios. Reveló que luego se borró el «posteo» tras lo cual hizo un llamado a la reflexión de las partes para continuar en forma armónica el proceso judicial.
La nueva sentencia de Amaro con vistas a un futuro juicio
Tras un intercambio técnico de normativas e interpretaciones de artículos de los código penal y civil, y citación de antecedentes judiciales, la jueza dio a conocer varias resoluciones haciendo, principalmente, lugar a la inhibición de bienes del imputado y el embargo de la camioneta Toyota. La medida se tomó ante una eventual condena en un probable juicio abreviado, oral o audiencia de acuerdo, con fines resarcitorios por el daño causado en forma intencional.
En forma paralela, no aceptó que el rodado se mantenga secuestrado para permitir que el acusado pueda ser trabajando como prestador de servicios rurales tomando en cuenta que -a raíz del caso- ya que fue despedido de un trabajo.
No obstante, impuso al sospechoso contratar un seguro contra todo riesgo mientras dure la tenencia, y en favor del Poder Judicial de Río Negro, con el propósito de asegurar que se mantenga un determinado valor sobre el bien durable mientras trabaje.
De aquí en adelante continuará una serie de pericias sobre la camioneta en el marco de una investigación que el 13 de febrero se abrió por espacio de cuatro meses, y que todos estos trámites están a cargo de la fiscal de la causa, Maricel Viotti.
FUENTE: NoticiasNet
