El 21 de septiembre del año pasado se produjo un incendio intencional de unas cabañas en la villa del balneario La Lobería, dentro del Área Natural Protegida de Punta Bermeja. Si bien ya se produjeron algunas audiencias previas, la causa está avanzando con el propósito de encontrar al verdadero responsable en el marco de un proceso que encabeza la jueza de Garantías, Georgina Amaro, de esta ciudad.
Actúan en los trámites la fiscal Maricel Viotti, el abogado querellante Santiago Güenomil y Manuel Maza en calidad de representante de quien fue sentado durante esta jornada en el banquillo de los acusados en una extensa sesión que se concretó en el edificio Anexo de los tribunales capitalinos.
Viotti brindó detalles de lo ocurrido esa noche, entre las 20 y 20.45, dando a conocer que una Toyota Hilux -de propiedad del acusado y obrero rural- fue detectada en un trayecto entre el balneario y Patagones -donde vive- incluyendo la pérdida de señal en ese lapso.
Ese planteo sirvió como fundamento para solicitar la imputación del hombre, ex pareja de la dueña de las cabañas, y un plazo de investigación por espacio de cuatro meses bajo la acusación de "daño agravado". La magistrada admitió la calificación como también la prórroga de medidas cautelares para evitar el acercamiento de las partes.
La fiscalía con acompañamiento de la querella enfrenta ahora el desafío de comprobar su autoría, ya que, si bien existen indicios, la recolección de pruebas será determinante en el caso. Es que en este sentido -si bien la defensa no se opuso a la formulación de cargos-, advirtió que la camioneta pudo haber circulado por la zona del siniestro en ese momento pero no existen pruebas de quien la conducía.
Entre los elementos que serán analizados se encuentra la camioneta del sospechoso, así como otros peritajes clave para esclarecer lo sucedido. Durante estos cuatro meses, la Justicia intentará reunir evidencia suficiente para sostener la acusación y determinar si efectivamente se trató de un hecho premeditado.
El debate se dilató este jueves ante un cuarto intermedio para asistir a la víctima presente en la sala, y que por momentos se mostró compungida. Además Güenomil solicitó incluir un embargo de bienes como un modo de reservar un eventual resarcimiento si es que el caso llega a una condena, tomando en cuenta el costo de unos 80 millones de pesos de lo destruido.
Maza no sólo rechazó esa posibilidad tomando en cuenta que debiera ir por la vía civil, y posteriormente reclamó la devolución de la camioneta secuestrada en virtud de que el hombre no puede desarrollar su trabajo en sitios rurales, y que ya fue despedido como consecuencia de este hecho.
Por su parte, Amaro aceptó el acuerdo de que no se mencionen los nombres del imputado ni de la víctima, tras lo cual estableció un cuarto intermedio. Debe definir la devolución de la camioneta y el pedido de embargo en virtud de que el lunes se deben realizar mayores pericias sobre la mencionada camioneta. Inicialmente, se descartó algún vínculo con el hallazgo de algún acelerador de combustión.
FUENTE: NoticiasNet
