Un hombre fue imputado este mediodía por múltiples delitos, incluidos robo agravado e incendio, tras ser detenido ayer por la tarde en un operativo policial. Sobre el acusado, quien tenía una orden de detención vigente desde diciembre, pesa una compleja investigación que involucra episodios violentos ocurridos en San Javier y Viedma.
Los hechos que conmocionaron a la comunidad
El primer incidente tuvo lugar el 25 de octubre del año pasado, entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el acusado, junto a tres cómplices aún no identificados, irrumpió armado en una chacra de San Javier. Según la Fiscalía, el grupo no solo robó dinero en efectivo, herramientas, carne vacuna y una camioneta Toyota Hilux, sino que además sometió a la víctima a un nivel de violencia extrema.
“Golpearon al propietario, lo rociaron con combustible y lo amenazaron con matarlo si no entregaba más dinero”, relató el equipo fiscal.
Tres días después, el 28 de octubre, el imputado habría incendiado una camioneta estacionada en la parte trasera del Servicio Penitenciario ubicado en calle El Salvador, en Viedma. Este acto fue investigado como parte del mismo patrón delictivo.
La acusación y las pruebas presentadas
El Ministerio Público calificó los hechos como “robo agravado por el uso de arma de fuego, en lugar despoblado, en banda y con participación de un miembro del Servicio Penitenciario”, además de “incendio en concurso real”. Los cargos se formularon bajo los artículos 45, 166 inciso 2, 167 bis y 186 inciso 1 del Código Penal.
La Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo denuncias policiales, informes de bomberos, análisis forenses de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) y documentos médicos que acreditan las lesiones sufridas por la víctima del robo.
La decisión judicial
Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que mantener al imputado en libertad podría entorpecer la investigación, dado que aún resta identificar a los cómplices del primer hecho. Por su parte, la defensa penal pública solicitó la implementación de una pulsera electrónica como medida menos gravosa.
El juez de Garantías desestimó esta propuesta y ordenó la prisión preventiva del imputado por un plazo de tres meses, mientras avanza la investigación penal preparatoria.
Este caso sigue generando expectación en la región, ya que la resolución podría impactar en la percepción de la seguridad local y en el desarrollo de futuras investigaciones relacionadas.
FUENTE: NoticiasNet
