La grave crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires alcanza niveles alarmantes, con ciudadanos que son asesinados a diario a manos de delincuentes, mientras el gobierno del ultra kirchnerista Axel Kicillof niega la realidad y abandona a los bonaerenses.
En este contexto, las recientes declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, resultan un insulto a las víctimas y sus familias. Según el funcionario, en los últimos cinco años se han obtenido «las mejores estadísticas» en materia de seguridad, asegurando que «bajamos los homicidios como nunca antes, equipamos a la policía como nunca antes y los homicidios en ocasión de robo cayeron 55,6%«.
Sin embargo, la realidad desmiente categóricamente las palabras del ministro kirchnerista. La provincia de Buenos Aires se convirtió en un territorio donde el crimen organizado, los robos y los homicidios son moneda corriente.
Cada día, nuevas víctimas se suman a la interminable lista de bonaerenses que pierden la vida por la falta de acción del gobierno provincial. Lejos de brindar soluciones, Kicillof y su equipo parecen más preocupados por minimizar la crisis que por tomar medidas efectivas para combatirla.
Kicillof, no solo que no se hace cargo por la crisis de inseguridad en su provincia, sino que encima le echa la culpa al Gobierno de Javier Milei, afirmando que el aumento del crimen es, según él, por la «situación económica«, a pesar de que Argentina está transitando por una fuerte recuperación económica.
Los números que el gobierno no quiere mostrar reflejan un escenario desolador. La policía bonaerense está completamente desfinanciada, sin los recursos ni el apoyo necesario para hacer frente a la delincuencia.
Los policías tienen que patrullar con móviles en pésimas condiciones, escasez de municiones y equipamiento insuficiente, mientras que la criminalidad sigue creciendo sin freno. A su vez, la falta de presencia policial en las calles deja a los vecinos en un estado de indefensión absoluta.
En lugar de ocuparse de la seguridad de la gente, la administración de Kicillof se preocupa más por garantizar derechos y privilegios a los delincuentes que por proteger a los ciudadanos de bien. La ideología garantista que impregna su gobierno y partido político permitió que los criminales entren por una puerta y salgan por la otra, dejando a la sociedad a merced de la violencia.
El colmo del cinismo lo representan las declaraciones de Alonso, quien intenta vender una realidad que solo existe en los discursos oficiales.
Fuente: Derecha Diario
