La jueza Cristina Pozzer Penzo ha emitido un fallo contundente que declara al excomisario Walter Maciel como el "autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción y ocultamiento" de Loan Peña.
Este veredicto cambia radicalmente el rumbo que había tomado el caso hasta el momento, ya que Maciel solo había enfrentado acusaciones por parte de los fiscales relacionadas con encubrimiento, y no de sustracción, que son los cargos más graves en la lista de acusaciones.
El juicio, que ha mantenido la atención envolvente de la prensa y la sociedad, ha complicado aún más las circunstancias de Maciel, quien, ahora, también afronta las difíciles perspectivas asociadas a una acusación por sustracción de menores, una imputación que nunca antes se había perfilado tan directamente como lo ha hecho gracias a la minuciosa investigación de Pozzer Penzo. Además, las prisiones preventivas que afectan no solo a Maciel, sino también a Benítez, Peña, Caillava, Pérez, y Ramírez han sido renovadas.
Estas figuras enfrentarán las implicaciones de estar retenidos en este estado por el límite legal máximo, un plazo inusualmente extenso de dos años. Este es un claro reflejo del delicado entramado legal y social en el que se encuentra inserto este caso. El entramado legal recupera elementos nuevos y añadidos a diario en su estructura, como una prueba que pesará mucho sobre los próximos cursos legales: un embargo de 8 millones impuesto como parte de las acciones contra Maciel, un reflejo inmediato de la gravedad económica y simbólica adjudicada en este tipo de procesos legales de alto perfil.
La expectativa gira también hacia las declaraciones de testigos claves como Macarena Benítez y Camila Núñez, quienes han quedado, sin dudas, en el epicentro del siguiente paso procesal. Ligeras inconsistencias en sus testimonios sobre los eventos que ocurrieron el día de la desaparición han despertado un interés extra por esclarecer la realidad detrás de sus palabras, en confusión, pese a sus propias expectativas.
FUENTE: NoticiasNet
